Usos de la Inteligencia Artificial en el Entorno Jurídico

Objetivo: Analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en el acceso a la justicia y en los procedimientos jurisdiccionales, identificando sus oportunidades, límites y riesgos, para proponer un marco ético y normativo que garantice su uso responsable en beneficio de los derechos humanos.

 Problema que aborda: El acceso a la justicia enfrenta graves barreras estructurales: saturación de tribunales, procesos lentos y desigualdad tecnológica. Si bien la IA promete agilizar la administración de justicia, también plantea riesgos como la falta de regulación, definiciones legales insuficientes (como el caso de los deepfakes) y la brecha digital que excluye a quienes no dominan estas herramientas. El reto central es cómo aprovechar el potencial de la IA sin sacrificar derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad y la privacidad.

Enfoque: La investigación combina el análisis jurídico-constitucional con el estudio de casos concretos de implementación de IA en tribunales (como el juicio en línea del TFJA y los buscadores de la SCJN). Se examinan experiencias internacionales (Reglamento Europeo de IA, sistemas españoles como LexNET) y se evalúa el uso de herramientas como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y los chatbots conversacionales (ChatGPT) para identificar buenas prácticas y áreas de mejora.

Innovación: El proyecto propone una metodología interdisciplinaria que articula Derecho, tecnología y ética, con un enfoque crítico que va más allá del optimismo tecnológico. Su principal aporte es desarrollar criterios claros para la regulación de la IA en el ámbito judicial, asegurando que estas herramientas sirvan para acercar la justicia a la ciudadanía y no para generar nuevas exclusiones.

Aplicaciones y Beneficios: La investigación proporciona un marco para que jueces, legisladores y operadores jurídicos utilicen la IA como aliada en la resolución de casos, la valoración de pruebas y la argumentación. Sus beneficios incluyen la reducción de tiempos procesales, la mejora en la calidad de las resoluciones y, sobre todo, la garantía de que la tecnología sea un puente hacia el acceso efectivo a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.