La Reconfiguración de la Acción de Extinción de Dominio en México a partir de la Sentencia de la SCJN en la AI 100/2019

Objetivo: Analizar el impacto de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 100/2019, que invalidó disposiciones clave de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para comprender cómo esta resolución reconfigura el alcance de esta figura jurídica y redefine el equilibrio entre la lucha contra la delincuencia organizada y la protección de los derechos fundamentales.

Problema que aborda: La extinción de dominio es una herramienta clave para desmantelar las estructuras económicas del crimen organizado. Sin embargo, la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 generó tensiones con principios constitucionales como la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de propiedad. La investigación aborda el reto de cómo armonizar la eficacia de la política criminal con las garantías fundamentales, a partir del fallo de la SCJN que declaró inconstitucionales preceptos como la imprescriptibilidad de la acción, la afectación de bienes por su destino ilícito y las medidas cautelares sin control judicial previo.

Enfoque: El proyecto emplea una metodología jurídico-dogmática y de análisis constitucional, examinando la sentencia de la SCJN, los argumentos de la CNDH y el contexto de derecho comparado. Se utiliza un enfoque interdisciplinario que articula el Derecho Constitucional, el Derecho Penal y la Política Criminal para evaluar las implicaciones prácticas del fallo en la procuración de justicia.

Innovación: El proyecto se distingue por su análisis crítico de la reconfiguración doctrinal de la extinción de dominio, demostrando cómo la SCJN ha priorizado una interpretación garantista —enfocada en el origen ilícito de los bienes— por encima de las tendencias internacionales que permiten una persecución patrimonial más amplia. Esta investigación aporta criterios claros para la aplicación de la figura y anticipa los desafíos futuros en su implementación.

Aplicaciones y Beneficios: La investigación proporciona herramientas para jueces, ministerios públicos, legisladores y defensores, permitiéndoles comprender los nuevos límites constitucionales de la extinción de dominio. Sus beneficios incluyen una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos, la protección del derecho de propiedad de terceros de buena fe, y el fortalecimiento del Estado de Derecho, al tiempo que se mantiene la efectividad en el combate al patrimonio del crimen organizado.